SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la República Dominicana observó este lunes que la desviación del cauce natural del río Dajabón dejaría sin fuente de agua la Laguna Saladillo, lo que significaría la desaparición de una rica biodiversidad de flora y fauna declaradas de importancia internacional.
En una declaración que fue leída en el Palacio Nacional por Homero Figueroa, portavoz de la Presidencia de la República, señaló que la falta de agua «representaría la desaparición de las actividades agropecuarias en miles de tareas de tierras a ambos lados de la frontera» y daría origen a inundaciones por la crecida del río que amenazaría simultáneamente a los habitantes de Dajabón y Juana Méndez.
EL TEXTO
El texto de la declaración gubernamental es el siguiente:
«La Comunidad Internacional debe entender que la cuestión fronteriza es sin duda el tema de Estado que más atención reclama a todos los gobernantes.
El presidente actual, Luis Abinader, no es la excepción. Se ocupa en conservar la frontera que sus antecesores se preocuparon en definir. El objeto de su ocupación no es solo la conservación de la frontera como límite geográfico de la nación, sino su preservación como activo medioambiental y económico.
El río Dajabón es nuestra frontera geográfica norte, pero es importante también como frontera ecológica y económica. La razón de reiterar la demanda de paralizar la construcción del canal de trasvase es el riesgo medioambiental y económico que representa. La desviación de su cauce natural dejaría sin fuente de agua la Laguna Saladillo, lo que significaría la desaparición de una rica biodiversidad de flora y fauna declaradas de importancia internacional.
La falta de agua también representaría la desaparición de las actividades agropecuarias en miles de tareas de tierras a ambos lados de la frontera; y también debemos agregar las inundaciones por la crecida del río que amenazaría la vida de los habitantes de Dajabón y Juana Méndez.
En vista de los riesgos que implica este canal, era obligación del gobierno haitiano compartir con el gobierno dominicano todas las informaciones sobre el proyecto de construcción. El gobierno haitiano, que ahora respalda esta construcción, nunca ha comunicado oficialmente al gobierno dominicano las informaciones técnicas que permitan establecer los objetivos, beneficiarios o impacto del proyecto.
Esto representa una clara violación al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 que indica que los Estados «se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas». Las autoridades haitianas invocan su derecho a utilizar el río «de manera justa y equitativa», pero olvidan que este uso equitativo obliga a proteger de posibles daños a ambos Estados.
Queda demostrado que este proyecto es altamente perjudicial tanto para los dominicanos como para los haitianos.
El gobierno dominicano mantiene su posición de que la detención inmediata de la construcción unilateral del canal de trasvase es la única condición para arribar a una solución conforme al derecho internacional».