La persona que más dinero devolverá al Estado dominicano es Fernando Crisóstomo Herrera, quien devolverá RD$1,101,770,078.50.
Con los acuerdos de oportunidad a los que arribó la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) con siete de los implicados en el caso de corrupción denominado Calamar, estos devolverán al Estado dominicano más de mil trescientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y siete mil siete pesos (RD$1,358,957,007).
El dato a través se establece en los diferentes acuerdos compartidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en su página web, tal como habían prometido días anteriores, especifica los acuerdos se realizaron con José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera, Camilo Andrés Peña Hernández, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo.
Todos testificarán en contra de los imputados en este caso.
La persona que más dinero devolverá al Estado dominicano es Fernando Crisóstomo Herrera, quien devolverá RD$1,101,770,078.50. Este dinero será entregado en cheques a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otro bien.
Este hombre, de acuerdo al Ministerio Público, señala que tenía una “estructura no gubernamental” que distraía fondos públicos y los entregaba a Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo y este a su vez a los demás miembros del entramado.
La Pepca especifica que Fernando Crisóstomo identificaba y captaba casos que podían ser de reclamos de pagos de deuda administrativa al Estado, por pagos de expropiación de terrenos y compras fraudulentas de terrenos, pagados con el procedimiento de deuda administrativa a través del Ministerio de Hacienda.
“El Ministerio Público procede a aplicar un criterio de oportunidad, de conformidad con las disposiciones del artículo 370.6, en beneficio del procesado Fernando Crisóstomo Herrera, en virtud de que el procesado ha mostrado arrepentimiento en su participación en la comisión de los hechos, que, a pesar de ser acciones tipificadas, antijurídicas y culpable, en el juicio de valor del Ministerio Público, razonablemente entiende como justo en su facultad persecutora con la adquisición de los querellantes y actores civiles”, dice el criterio de oportunidad.
Ramón Emilio Jiménez Collie devolverá RD$715,000,000.00, en efectivo y muebles e inmuebles.
“El procesado deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano, ya que se ha tomado como punto de partida para llegar al presente acuerdo en beneficio del mismo, su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, dice el Ministerio Público.
Este hombre, una de las figuras principales que realizaba acciones de expropiaciones, compra de terrenos y juegos de azar (los tres esquemas que utilizaba la supuesta red), a través de los que recibió miles de millones de pesos. De Acuerdo al Ministerio Público, este empresario le regaló a Gonzalo Castillo, también implicado en este caso, RD$3,812,000,000.
Ramón Emilio Jiménez Collie, además fungía como el contacto entre los funcionarios y miembros del sector privado participantes en la organización criminal.
José Arturo Ureña Pérez, entregará RD$500,000,000.00. Este empresario admitió haber recibido la misma cantidad que entregará a través de Fernando Crisóstomo. Fue un intermediario entre Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo.
“Los querellantes y actores civiles; el equipo de recuperación del Patrimonio Público, conforme los términos arribados en el presente acuerdo desisten de cualquier acción penal y civil, en contra del procesado José Arturo Ureña Pérez”, dice el tercer punto del acuerdo.
Este hombre, de acuerdo al criterio de oportunidad, ya entregó este dinero de manera voluntaria, mediante cheque de administración de Banreservas núm. 21482351, de fecha 27 de marzo del 2024, a nombre de la procuraduría general de la República.
De acuerdo al expediente, este hombre era prestanombre del electo senador de Azua, Rafael Calderón, quien no se encuentra imputado en ese caso, para la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos.
Ovalle Sánchez, de acuerdo a la acusación, recibió RD$18,800,000 para entregarse a Calderón.
Camilo Andrés Peña Hernández devolverá al Estado dominicano RD$1,780,000.
“Por medio del presente Criterio de Oportunidad, el investigado Camilo Andrés Peña Hernández, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado dominicano, la cantidad de un millón setecientos ochenta mil pesos (RD$1,780,000.00), los cuales fueron entregados de manera voluntaria por el procesado mediante cheque de administración del Banco Popular núm. 5410533, de fecha 18 de marzo del 2024, a nombre de la Procuraduría General de la República, para fines de decomiso”, dice el párrafo segundo del acuerdo.
Belkis Antonia Tejada Ramírez y Natalia Cesarina Beltré Torres devolverá dos inmuebles.
“Los procesados Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltré Torres, por medio del presente acuerdo, conjuntamente con sus defensas técnicas, autorizan que sea decomisado en favor del Estado dominicano, los dos inmuebles descritos a continuación: Inmueble ubicado en la Calle Teodoro Chasseriau, No. 5267, sector las Praderas, Distrito Nacional, amparado en el Certificado de Títulos, Matricula 0100271232, Designación Catastral Barcela 4-B Manzana 4896, DC 01, adquirido mediante contrato de compraventa entre Cesar Salvador Rodríguez y Compartes y la Cía. y el la Compañía Grupo Dibefe, S.R.L., de fecha 09 de julio del año 2020, con una extensión superficial en metros cuadrados de 583.00 y su mejora consistente en una casa de dos niveles con todas sus anexidades y el Inmueble ubicado en el Condominio Canó 29, apartamento 3-B, tercer nivel, sector El Millón, Distrito Nacional, amparado en el Certificado de Título, Matricula 0100341613, Designación Catastral 309491374607: 3-B, con una extensión superficial de 195.07 M2, con todas sus anexidades; o su equivalente en calores económicos de los inmuebles, previa tasación realizada por el Ministerio Público”, explican.
