La ministra justifica que no han contado con la participación de las víctimas aunque los obispos admitan que sí
Durante la mañana de este martes, Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno volvió a recalcar la postura contraria del Ejecutivo frente al plan de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para resarcir a las víctimas que sufrieron violencia sexual por parte de sacerdotes. Alegría reitera que no aprueban la solución propuesta porque no contempla “la obligatoriedad” en las indemnizaciones ni ha contado con las asociaciones de afectados y ni con las víctimas.
“No compartimos un sistema de compensación que no es vinculante y que no ha contado con la participación de las víctimas”, aseveró Alegría. Además, agregó que “es fundamental la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones que están en el informe del Defensor del Pueblo y no que éstas sean voluntarias” y sentencia que este plan debe ser justo con los afectados, recoge Servimedia.
Sin embargo, tras la rueda de prensa de Alegría, la CEE ha presentado su proyecto para compensar a las víctimas de abusos sexuales cometidos contra menores y personas cometidos por integrantes de la propia conferencia. En líneas generales, el denominado Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA) se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y contará con reparación económica. El plan “implicará una personalización de la misma y un acompañamiento técnico, psicológico, médico y también espiritual”, ha informado Europa Press.
Según la CEE, esta solución ha sido elaborada por el Servicio de Asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores y señalan que han tenido en consideración las diferentes observaciones que los obispos han mostrado en sus reuniones. Además, explican que también ha contado, en argumentos contarios a la ministra, con los planteamientos recogidos en el informe del Defensor del Pueblo y con las propias ideas de las víctimas.