Expertos cuestionan la expansión de la estructura gubernamental dominicana y sus implicaciones
Las transformaciones sociopolíticas del Estado dominicano han traído una redefinición de las necesidades públicas, y estas variaciones también se han traducido en un crecimiento de los requerimientos financieros de la administración gubernamental.
Los cambios en el ordenamiento jurídico, el aumento de las organizaciones del sistema financiero, las competencias propias del país son algunas de las razones por las que puede crecer un Estado y, aunque República Dominicana ha atravesado varios de estos procesos, lo que por décadas se ha cuestionado es si una media isla de unos de 10.7 millones de habitantes según el último censo, debería tener una estructura gubernamental tan fraccionada.
A lo largo de los años, las instituciones no solamente han crecido en cantidad sino en presupuesto, representando una carga cada vez más pesada para los contribuyentes.
Para poner el tema en contexto, en el 2011 la Presidencia ejecutó un total de 36,820,271,182 pesos, una cifra que indexada a la fecha serían unos 60,455,203,253 pesos. Aunque se actualice el valor con el convertidor del Banco Central que se usa para calcular la variación del índice de precios al consumidor (IPC), la institución tiene presupuestado para este año un gasto de 134,574,460,999 pesos, lo que representa más del doble de lo invertido hace 13 años.
Si se hace el mismo ejercicio en una época más cercana, este órgano habría ejecutado en 2019 lo que con la inflación actual serían unos 86,438,990,497 pesos, esto implica el 64.23 % de los fondos que contempla el Presupuesto General del Estado para la Presidencia en 2024.
Para el economista Guarocuya Félix, República Dominicana tiene una "administración muy grande para un Estado muy pequeño". Este veterano especialista con más de 30 años en el sector público, privado y la academia, explicó que, aunque las funciones del Estado han cambiado durante los años y eso implica nuevos retos para la función pública, es conveniente revisar la cantidad de instituciones gubernamentales que existen en la actualidad.
Más allá de las abultadas nóminas, que según datos de la Tesorería de la Seguridad Social a diciembre pasado alcanzaba una matrícula de 672,203 servidores públicos, el crecimiento indiscriminado de las entidades del Gobierno provoca problemas como la duplicidad de funciones, burocracia excesiva e ineficiencia.
Félix expresó a Diario Libre que la dinámica de crear instituciones va a obedecer a los cambios de la sociedad, sin embargo, consideró que en el país hay diversas instituciones que podrían ser eliminadas o fusionadas.
"Desde el punto de vista de las instituciones eso es un gran problema porque te dificulta la toma de decisiones, cuando tú tienes duplicidades que no tienen claridad en las competencias que tienen, te genera problemas en la toma de decisiones", dijo.
Al referirse a casos de instituciones que podrían fusionarse mencionó a varios entes del mercado financiero como la Superintendencia de Bancos, de Valores, de Pensiones y de Seguros que podrían unificarse para que exista un único regulador del sector. Señaló que esta medida disminuye costos de gestión y para los entes regulados.
Otro ejemplo de fusiones que podría darse es la de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, ya que con una única agencia recaudadora se pueden cerrar brechas en términos de evasión fiscal.
Félix estimó que el Estado dominicano podría funcionar correctamente con menos de 14 ministerios.
Politólogos critican el problema
El politólogo Jesús Bueno consideró que la cantidad de ministerios que tiene la nación es demasiada si se considera su extensión territorial y la población.
"Eliminando las instituciones que no les rinden ningún beneficio, ni a la población ni al Estado, los gobiernos gozarían de una mayor holgura económica para beneficiar a la población más necesitada", indicó.
El catedrático agregó: "Hay que detener la creación sin criterio de nuevas instituciones por parte del Estado Dominicano, repensar y analizar la empleomanía de cada una de ellas para trabajar con la cantidad que se necesitan, las botellas políticas deben ser eliminadas en su totalidad. Se deben refundir partes de las instituciones que tenemos en la actualidad".
Para la socióloga y analista política, Rosario Espinal la situación constituye una barbaridad, ya que "todos los gobiernos aumentan la cantidad de ministerios e instituciones públicas y la cantidad de empleados públicos, sin mejorar significativamente la calidad de los servicios públicos".
