La inclusión de los cárteles en la lista de organizaciones terroristas solo tendría efecto en EE.UU. Aunque alimenta la discusión a nivel regional
La orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, dirigida a clasificar a los “carteles” como “organizaciones terroristas extranjeras”, aún requiere precisiones. Por ejemplo, habría que especificar a qué cárteles se aplicaría en concreto. La medida, en todo caso, ya provoca revuelo, antes de hacerse efectiva. ¿Qué impacto podría tener en la región?
“Sabemos que estas redes son transnacionales. No solamente estamos hablando de los cárteles mexicanos, sino también se aplicaría a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua“, dice a DW Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de políticas de gobierno de la Universidad George Mason.
“Esto también podría tener implicaciones para grupos criminales que supuestamente operen en la red del Cártel de Sinaloa o del Cartel Jalisco Nueva Generación, y pienso, por ejemplo, en grupos criminales de Ecuador“, agrega.
“Aplica dentro de EE.UU.”
Sin embargo, la académica subraya que la definición de los carteles como organizaciones terroristas internacionales no conlleva un elemento de extraterritorialidad. “Aplica dentro de Estados Unidos, con medidas como el congelamiento de cuentas, la cancelación de visas, procesos judiciales en el país”, enfatiza.
Los afectados serían quienes, en Estados Unidos, hayan apoyado a una de esas organizaciones. “En este sentido, me imagino que también las compañías productoras de armas podrían caer ahí… O también bancos, si se prueba en las investigaciones un vínculo”, acota. “Pero sería una declaración de guerra enviar tropas a territorio mexicano”.
La experiencia colombiana
“Uno de los propósitos es perseguir toda la estructura económica que tienen los mercados ilegales de estos grupos criminales, que es a lo que se debería apuntar realmente”, dice Carolina Duque, investigadora del centro de estudios latinoamericanos sobre inseguridad y violencia de la Universidad Nacional del Tres de Febrero, en Argentina.
Pero también hay una arista geopolítica. “En la dimensión histórica de las intervenciones de Estados Unidos bajo la sombrilla de las políticas antidrogas, uno de los grandes ejemplos ha sido Colombia”, recuerda la especialista en conversación con DW.
En el marco del “Plan Colombia”, acordado a fines de la década de 1990 con el Gobierno de Bogotá, hubo apoyo militar y se brindó ayuda financiera para la lucha contra el narcotráfico.
También “hubo una serie de cambios bajo la política antidrogas, que tuvo afectaciones grandísimas e impacto en violaciones de derechos humanos”, hace notar. El resultado fue magro: “Fueron millones de dólares invertidos y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo“.
Carolina Duque no cree que el modelo del Plan Colombia pudiera replantearse ahora en otros países, porque cada uno tiene contextos muy diferentes. Igualmente se muestra escéptica ante las políticas punitivas de las últimas décadas.
“Las cárceles están llenas de personas que son los eslabones pequeños de la cadena“, dice, mientras “las tasas de impunidad de los delitos de lavado de activos del crimen organizado realmente son muy altas”.
Tendencia a la militarización
En la región ya se advierten tendencias a militarizar la respuesta al crimen organizado. En Ecuador, por ejemplo, se declaró el año pasado estado de excepción en algunas provincias y el presidente habló de “conflicto armado interno”.
En Perú, el Gobierno presentó en octubre un proyecto de ley para calificar como “terrorismo urbano” los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, y hace poco el presidente del Congreso anunció que se impulsará su debate en el Parlamento.
También en México hay una discusión en curso. Legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) han pedido desde hace tiempo considerar terroristas a los narcotraficantes, en contraposición a la política de “abrazos y no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“En México, lo que vivimos son actos de terror, en los que las víctimas son civiles”, apunta Guadalupe Correa-Cabrera, y se pregunta: “¿Es su objetivo apuntar contra el Estado Mexicano?” En ese caso, se trataría de terrorismo interno.
“Tendrían que ser los Estados de cada país los que declaren a estas organizaciones como terroristas”, afirma.
Presión desde Washington
En este contexto, la académica considera que la medida de Trump “es más bien una estrategia de presión para los Gobiernos” de países donde están esas bandas. Una advertencia para que actúen.
Carolina Duque resalta la necesidad de mantener, en este marco, el resguardo democrático. “Toda esta guerra contra las drogas también ha alimentado otros problemas…, incluyendo democracias que se van debilitando, porque van convirtiéndose en sociedades de control, y los migrantes terminan siendo otra categoría de enemigos, porque se los ve como amenaza”, dice desde Argentina.
Y advierte: “La gran pregunta es si realmente, para bajar el consumo de opioides en Estados Unidos y, en general, para bajar el consumo de drogas en la región, este tipo de medidas son efectivas. La historia nos ha demostrado que no”.
