El tema de las licencias para indocumentados ya viene enfrentando a autoridades en los estados con las federales
Nueva York – El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) y otras entidades se preparan para luchar contra cualquier intento de eliminar las licencias de conducir para indocumentados, esto a la luz de las expresiones de la gobernadora Jenniffer González de que revisaría el alcance de ese y otros derechos luego de que las autoridades federales realizaron operativos antimigratorios en el territorio.
El abogado Carlos Chévere, miembro de la CAPR, dijo a El Diario que, parte del enfoque de la discusión con miembros de la comunidad migrante en Puerto Rico, es precisamente el rumbo de acción ante supuestos intentos de dejar sin ese beneficio a la población.
“Vas al Departamento de Transportación y Obras Públicas y te dan una licencia especial, y si un policía te para en la calle y te pide esa identificación, pues ellos pueden saber por la marca que tiene que es una licencia especial que te dieron y que eres inmigrante”, explicó el abogado en entrevista con este rotativo.
“Lo que se está discutiendo ahora mismo es quitarle esa licencia de conducir a esos inmigrantes”, añadió.
Tras un primer operativo a gran escala de ICE en Puerto Rico, el 26 de enero, la gobernadora afirmó que su administración interpretaría y revisaría el alcance de los derechos de indocumentados en áreas como salud, licencias de conducir y otros servicios. La funcionaria además sostuvo que, no colaborar con los esfuerzos de las autoridades migratorias de Estados Unidos como parte del reforzamiento de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, podría significar la pérdida de fondos federales para la isla. Hasta el momento, no han trascendido sobre acciones concretas en esa dirección.
Entre la comunidad migrante en la isla, también existe el temor de que las autoridades federales pidan información a las locales como la contenida en las licencias de conducir para adelantar sus investigaciones.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) lo que ha dicho es que no colaboran con las agencias federales en temas de migración.
Por ser un territorio de Estados Unidos, Puerto Rico está sujeto a las leyes y regulaciones federales en términos migratorios.
En el caso de las licencias de conducir, mediante la Ley Núm. 97 de 7 de agosto de 2013 se le otorgó ese beneficio a migrantes sin papeles en Puerto Rico.
El estatuto enmendó y añadió artículos a la Ley 22-2000 o Ley de Vehículos y Tránsito, que regula el uso de vehículos de motor en las vías públicas. Además, derogó la Ley 79-2005, conocida como la de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico, para permitir que extranjeros sin estatus migratorio oficial cumplan con los requisitos de elegibilidad.
“Esta ley (79) dispone que para poder obtener un permiso para conducir vehículos de motor, todo solicitante deberá someter un documento de identidad, expedido por las autoridades públicas competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de América, de uno de los estados de la Unión o por pasaporte debidamente expedido por autoridad extranjera, como prueba fehaciente de la identidad de la persona que ostentará el permiso de conducir. Con la aprobación de la Ley 79, se establece el requisito uniforme para obtener una licencia de conducir”, detalla la exposición de motivos.
“Es una realidad que miles de personas extranjeras sin estatus migratorio oficial son conductoras usuales, en la medida en que, a diario, conducen vehículos de motor por las vías públicas del país para poder llevar una vida que, a pesar de la marginación a la que están sometidas, tenga cierto grado de normalidad. Sin embargo, dado que estas personas no cuentan con la documentación requerida para solicitar y obtener una licencia de conducir, no son conductoras autorizadas y conducen en violación de la ley”, añade el documento sobre el alcance que tenía la Ley 79.
Para eliminar el beneficio de licencias de conducir a indocumentados, según Chévere, tendría que dársele paso a legislación en el Capitolio de Puerto Rico para revocar la ley 97.
Si avanzaran los movimientos en esa dirección, Chévere anticipó que abogados y grupos que defienden los derechos de los migrantes estarían cabildeando en contra.
“Por la vía legislativa pueden hacerse varios esfuerzos de cabildeo y visitar a cada senador y representante para que no pasen una ley a esos fines”, planteó.
El tema de las licencias para indocumentados ya viene enfrentando a autoridades en los estados con las federales.
Esta semana trascendió que las autoridades estatales en Nueva York, encabezadas por la gobernadora Kathy Hochul, no suministrarán a la Administración Trump, y, en particular, a la secretaria del Departamento de Justicia, Pam Bondi, los registros de los inmigrantes indocumentados que tienen licencias de conducir en la demarcación.
Hochul argumentó que la información que guarda el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) está protegida por ley, y que esa oficina no tiene la obligación de entregar los datos a personal federal a menos que medien órdenes de un tribunal.
Proyecto en la Cámara de Puerto Rico contra intervenciones en lugares “sensibles”
Por otro lado, y, como medida para proteger a los migrantes en la isla de intervenciones arbitrarias de parte de agentes de oficinas como la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 331 que busca, entre otras cosas, evitar que efectivos entren a lugares “sensibles” como hospitales y escuelas para realizar arrestos a menos que cuenten con autorización judicial.
“Esa ley lo que busca es que Puerto Rico se convierta en un país ‘santuario’ con mayores protecciones para migrantes”, destacó Chévere.
Adicional, los esfuerzos de orientación a las comunidades migrantes continúan.
Chévere fue uno de los que participó recientemente en un conversatorio de la Comisión de Migración de la CAPR titulada “Asesorando a clientes migrantes: retos y estrategias en la era Trump”.
“Lo más importante ahora mismo es orientar, porque hay situaciones en las que un inmigrante pudiera tener una visa para estar legalmente aquí en Puerto Rico, y como quiera te detienen y te llevan. Se ha hecho mucha educación”, alertó el profesor de derecho constitucional en St. Mary’s University School of Law en Texas.
En el evento del pasado 15 de febrero, se aconsejó a los migrantes, entre otras cosas, a que si cuentan con documentación para estar en Puerto Rico, carguen siempre con los papeles originales.
“Como quiera le van a cuestionar la copia. No andes con una copia, anda con (la documentación) original”, exhortó.
Los migrantes en Puerto Rico tienen derechos constitucionales
Chévere recordó que a los inmigrantes en Puerto Rico le aplican los derechos consignados en la Constitución federal, ya que se encuentran en una jurisdicción estadounidense.
“Que tú seas inmigrante no significa que tú no tengas derechos constitucionales…Si eres inmigrante, tienes derecho al debido proceso de ley. Hay unas garantías constitucionales. Por eso es que te puedes quedar callado y no estás obligado a decir nada. Por eso es que, si no tienen una orden judicial y van a tu casa, no tienes que abrirle la puerta ni dejarlos entrar (a los agentes), porque hay unas garantías mínimas, y la Carta de Derechos no hace tampoco distinción entre si eres ciudadano o inmigrante. Estás en una jurisdicción de Estados Unidos (Puerto Rico) y te aplica la Carta de Derechos”, insistió.
En específico, el educador señaló que la mayoría de las detenciones de ICE son discriminatorias y arbitrarias, y en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución. La Cuarta Enmienda protege a los ciudadanos de registros e incautaciones irrazonables por parte de las autoridades del Estado.
Bajo dicha disposición, no se pueden emitir órdenes de registro sin causa probable.
Es decir, no se pueden expedir órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil y que estén corroboradas por juramento o afirmación. Además, las órdenes deben describir específicamente el lugar que se pretende registrar y las personas o los objetos que podrían ser aprehendidas.
Chévere además explicó que una orden administrativa de ICE no es lo mismo ni tiene igual peso legal que una orden judicial.
“Tienen que tener mucho cuidado, porque los de ICE pueden ir a tu casa o a tu lugar de trabajo y te van a decir que tienen una orden judicial, y la mayoría de esas van a ser de un juez administrativo de ICE. Eso no es un juez para todos los efectos de una orden de registro y de allanamiento. Un juez administrativo simplemente es un juez que le llaman así porque toma unas decisiones adjudicativas…Lo que yo aconsejo es que cuando le traigan una orden de registro y allanamiento tienes que verificar que sea un juez de un tribunal federal”, recomendó el experto.
A preguntas de bajo qué circunstancias, si alguna, pueden agentes de ICE intervenir con base en órdenes administrativas, respondió: “Bajo ninguna. Se supone que no. Lo que pasa es que van a usar lo de un juez administrativo para, número uno, confundir a las personas, porque no saben de Derecho; y número dos, porque es más fácil dentro de las agencias que un juez administrativo a favor de lo que están haciendo (las autoridades migratorias), te haga la orden más rápido”.
Chévere planteó que, si los oficiales migratorios federales están siguiendo el debido proceso de ley, presentarán una orden judicial firmada por un juez de un tribunal federal que incluya datos específicos de la persona a la que van a arrestar.
“Pero, por ejemplo, estás caminando por ahí, que es lo que está pasando, ‘este me parece indocumentado; vamos a preguntarle si tiene papeles’. Eso no se puede hacer, porque estás discriminando. Estás haciéndolo de manera arbitraria”, aseguró.
“Si ya están dentro (de una vivienda o negocio) y te dicen que quieren ver otros expedientes o ‘déjame ver que otras personas aquí son inmigrantes’, no (pueden)”, añadió.
El abogado dijo que ninguna persona está obligada a mostrarle documentos o a identificarse con agentes que no carguen con un orden judicial.
“Si a ti te para alguien de la nada en la calle, y te pide los papeles, y te empieza a preguntar; tú le dices, ‘no te voy a mostrar ningún papel’. Y, número dos, le preguntas si estás detenido o puedes seguir caminando. Ahí tú sabes… Pero no estás obligado a mostrarle nada (a agentes)”, insistió.
Chévere reiteró que las autoridades locales en Puerto Rico, que incluyen agencias del gobierno estatal y los municipios, tampoco tienen la obligación de cooperar con las federales en los operativos.
“En ninguna jurisdicción ya sea territorial, estatal o local, los funcionarios están obligados a hacer cumplir la orden ejecutiva o la ley federal…O sea, yo puedo cooperar si yo quiero, voluntariamente, como gobierno territorial o local con el gobierno federal, pero yo no estoy obligado a cooperar, hacer cumplir esa regulación dentro de mi jurisdicción”, argumentó.
El abogado además puso en duda el discurso de la gobernadora de que Trump retendría dinero para Puerto Rico si no hay colaboración, ya que el presidente no tiene el poder constitucional de asumir labores que le corresponden al Congreso.
“El presidente no tiene el poder constitucional para hacer ese tipo de decisión. Si un dinero ya fue asignado a una jurisdicción, tiene que pasar por el Congreso para que se haga un cambio a la ley y a la asignación de dinero para congelar o quitar esos fondos”, expuso.
“El gobierno federal no puede usar el tema de los fondos federales para coaccionar a las jurisdicciones a que implementen su política; tiene que ser voluntario”, puntualizó.
ICE habría detenido por error a estudiante haitiano de la UPR
En un caso reciente, un estudiante haitiano de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, denunció haber sido intervenido injustamente en el exterior del campus por tres agentes migratorios.
Taylor Caceus, de 35 años, estudia en la UPR su doctorado en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales. Tras mostrar documentación que lo acreditaba como residente legal, los oficiales abandonaron la zona.
Los estudiantes internacionales deben contrar con una visa F-1 mientras toman clases en la isla.
La oficina de ICE en Puerto Rico negó las alegaciones.
“Entre los grupos de trabajo de agentes de ICE/HSI no se registró intervención alguna como la descrita con un estudiante en una universidad”, dijo la portavoz de ICE en la isla, Sandra Colón, a El Nuevo Día.
En la primera intervención a gran escala que trascendió públicamente, más de 40 inmigrantes fueron detenidos por agentes de ICE. Muchos eran dominicanos residentes en vecindarios como Barrio Obrero en la zona metropolitana de Santurce, de acuerdo con los reportes de medios locales. Algunos de estos fueron liberados porque contaban con la documentación legal para residir en Puerto Rico y no habían cometido delito alguno.
El Diario contactó, el 10 de febrero, a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan para pedir una entrevista con su directora Rebecca González Ramos. A esta fecha, no hemos recibido respuesta a la solicitud.
Ayer, agentes federales liderados por González Ramos realizaron un allanamiento en el negocio Music Wave Events and Rentals, ubicado en el vecindario de Cupey, en San Juan. Las autoridades habrían recibido una confidencia de supuesta explotación laboral de personas con estatus migratorio no regulado en el establecimiento.
En declaraciones a El Vocero, González Ramos dijo que esa ha sido una de varias notificaciones recibidas en la oficina desde que Trump firmó la orden ejecutiva para intensificar los esfuerzos dirigidos al arresto y remoción de migrantes indocumentados.
“Todo el tiempo (son) confidencias y desde que se firmó la orden ejecutiva, están los teléfonos sonando con información de todo tipo de delitos de inmigración”, declaró la directora de HSI a ese periódico.
Añadió que las confidencias se están canalizando y se está investigando todo.
En el negocio, los agentes de HSI incautaron sobre 17 cajas de evidencia que pueden servir como prueba para confirmar la razón por la que llegaron al comercio, reveló la encargada de HSI en el territorio.
González Ramos añadió que estaban buscando documentos o evidencia digital que pueda probar que la compañía estaba empleando a personas que no tienen estatus migratorio definido y no las compensaba adecuadamente o bajo lo dispuesto en ley.
Según los datos del HSI que cita el referido rotativo, desde que entraron en vigor las órdenes ejecutivas de Trump en materia migratoria, se han arrestado a 107 personas en Puerto Rico. De estas, 25 han sido procesadas por reingreso al país.
A parte de República Dominicana, las personas detenidas son nacionales de Guatemala, Ecuador, Haití, México, República de China, Dominica, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Israel, Italia y Japón.
