Quienes entraron al país bajo los programas humanitarios de Biden están sujetos a deportaciones aceleradas
Hay un hecho confirmado: Los agentes federales empezaron a detener a inmigrantes que acuden a sus citas de control en el 26 del Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, tras finalizar sus audiencias. Una realidad que se puso en relieve, tras el arresto del estudiante venezolano Dylan López, residente de El Bronx. Pero que quitó el velo al hecho que la fase de expulsiones aceleradas también son posibles en ciudades santuarios.
¿Estos inmigrantes tienen antecedentes criminales? ¿Enfrentaban una orden de remoción con anterioridad? ¿Habían violado alguna ley?
Lo que las organizaciones de apoyo a inmigrantes y abogados de inmigrantes en todo el país, han concluido es que en la mayoría de los casos, los migrantes detenidos, sólo esperaban un registro judicial rutinario, tras haber recibido un permiso para entrar al país, durante la Administración de Joe Biden.
Es decir, casi todos encajan en el perfil de haberse beneficiado de programas como el Parole Humanitario y el CBP One, en los últimos dos años, esquemas de ingreso que fueron cancelados por la Administración Trump.
Fuentes vinculadas con este proceso, dijeron a El Diario que la Casa Blanca “ha otorgado a los Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) nuevas facultades para detener y deportar a quienes se presenten a dichas audiencias judiciales, siempre y cuando hayan llegado a Estados Unidos en los últimos dos años”.
Una fase de “expulsión acelerada”
Como explican expertos en procesos de migración, normalmente las personas indocumentadas que pasan por el proceso judicial de inmigración, no pueden ser deportadas hasta que un juez emita una orden final de expulsión. Sin embargo, los abogados federales han estado desestimando esos casos, lo que permite a los agentes de ICE intervenir y detenerlos bajo el nuevo proceso de “expulsión acelerada” de Trump.
Tras las escaramuzas, las protestas y detenciones que se registraron este miércoles en la corte del Bajo Manhattan, medios nacionales ponderan que lo mismo ha sucedido en Phoenix, Los Angeles y Seattle. Estos operativos federales, insisten los defensores, parecen estar dirigidos a personas que llevaban menos de dos años en el país.
Algunas fuentes oficiales al parecer confirman de alguna forma la percepción de los defensores.
En medio de este mar de confusión y miedo, la portavoz Marie Ferguson del Departamento de Justicia, declaró a la publicación digital The City, que estas operaciones se alineaban con la iniciativa de la administración Trump de “expulsión acelerada”, de quienes ingresaron ilegalmente al país, durante los últimos dos años, bajo la administración Biden.
“ICE ahora está cumpliendo con la ley y está colocando a estos extranjeros ilegales en expulsión acelerada, como siempre debió haber sido. Si tienen una solicitud válida de temor creíble, continuarán con los procedimientos de inmigración, pero si no se encuentra una solicitud válida, serán sujetos a una deportación rápida”, aseguró.
Asimismo, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, ratificó a The New York Times que “la mayoría de los extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos, en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas”.
Como comparten informes oficiales, el ICE emitió una guía en enero que permite a sus agentes realizar arrestos cerca de los juzgados, y funcionarios federales han afirmado que arrestar a inmigrantes indocumentados en esos espacios, es más seguro para los agentes, ya que los migrantes ya han pasado por los controles de seguridad.
Alcalde: “Yo no colaboré”
Ante las presiones y las crecientes protestas por este tipo de detenciones, el alcalde Eric Adams compartió en un comunicado que cumple con la ley local, y aseguró que la Ciudad de Nueva York no coordinó estas operaciones con ICE, ni las ha discutido con agencias federales.
“Seguimos animando a cualquier persona en la Ciudad de Nueva York, que tenga preguntas sobre qué hacer si ellos, o un ser querido son detenidos por ICE, a que se comuniquen con nuestra línea directa de asistencia legal o con uno de nuestros Centros de Asistencia Legal”, agregó.
Adams señaló que la ciudad es menos segura, cuando las personas temen usar los recursos públicos, como enviar a sus hijos a la escuela, ir al hospital si están heridos o llamar al 911, cuando necesitan ayuda y, en cambio, se esconden en la sombra.
“Debemos entender que esto no ocurrió en un edificio escolar. No hemos tenidos redadas en espacios públicos en nuestra ciudad. Desconocemos el resultado de ese proceso judicial. No somos responsables de esto. Esa es una cuestión que debería remitirse a las autoridades federales”, acotó el mandatario.
Sin embargo, el Caucus Progresista del Concejo de la Ciudad de Nueva York, ante lo que describen como “secuestros de inmigrantes neoyorquinos”, en el edificio de la corte de Manhattan, exigió el fin de esas acciones “abominables”. Y sugirió que de alguna manera, han ocurrido bajo el amparo de Adams.
“Los neoyorquinos tienen derecho a asistir a una audiencia judicial. Exigimos a nuestro alcalde que defienda este derecho esencial estadounidense, no el de postergar, desviar y aplacar el fascismo”, indicaron.
Asimismo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en su cuenta X calificó el arresto del venezolano, cuando acudía a una cita en la corte de migración, como “despreciable”.
Este jueves una coalición de organizaciones de defensa a los inmigrantes, acompañados por varios líderes electos, iniciaron lo que será una serie de protestas y acciones en defensa del joven estudiante.
El caso de Dylan
Aunque ya se han reportado varias detenciones de este tipo, la que más ha tomado notoriedad en la Gran Manzana, ha sido la del estudiante de secundaria venezolano Dylan Josué López Contreras, de 20 años, quien fue retenido, saliendo de su cita con juez, para darle seguimiento a su solicitud de asilo.
Se trata del primer ejemplo conocido, de un estudiante de una escuela pública de la ciudad de Nueva York, detenido por ICE, durante la segunda administración de Trump. Así lo confirman varios defensores de la inmigración.
El venezolano estudiaba en el Ellis Prep de El Bronx, una escuela secundaria alternativa para jóvenes adultos que han vivido en Estados Unidos menos de un año y aún no dominan el inglés.
Dylan huyó de su país natal el año pasado y se entregó en la frontera estadounidense en abril de 2024, a través del programa CPB One. Solicitó asilo y se le permitió entrar al país mientras esperaba una cita judicial, lo que le permitió obtener un permiso de trabajo y un permiso de aprendizaje de conducir, según cuentan sus abogados a medios locales.
Se unió a su madre y dos hermanos menores en El Bronx, quienes habían venido previamente a Nueva York, donde encontró trabajo a tiempo parcial, como repartidor, para ayudar a su madre a reunir el dinero, para mudarse de un albergue para personas sin hogar, administrado por la Ciudad.
Así que, cuando llegó la fecha de Dylan, para comparecer ante el tribunal el miércoles 21 de mayo, él y su madre no dudaron en presentarse en el bajo Manhattan, como se les indicó, asumiendo que sería un registro rutinario.
En cambio, Dylan, quien asistió a la audiencia sin abogado, renunció a sus protecciones legales y fue arrestado de inmediato por agentes del ICE, quienes lo siguieron fuera de la sala y hasta el pasillo del juzgado.
“Sabían que no entendía lo que estaba sucediendo en la corte y utilizaron una maniobra astuta para detenerlo y, de hecho, someterlo a este proceso de deportación”, comentó Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.
Por su parte, el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, una organización que brinda asistencia gratuita a personas de bajos ingresos, aseguró que el venezolano, entró a Estados Unidos con permiso para solicitar asilo, y su detención le priva de la oportunidad de buscar ese alivio con todas las protecciones que le ofrece la ley.
DHS: “Entró ilegalmente”
En cambio, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que Dylan había entrado ilegalmente a Estados Unidos el año pasado, a pesar de que sus abogados y familiares afirmaron que había utilizado la aplicación CBP One, creada por el gobierno del expresidente Biden, por la cual se permitía a los migrantes llegar legalmente, a través de un puerto de entrada, para solicitar asilo.
La Casa Blanca ha cuestionado la legalidad de esa aplicación, y en consecuencia la permanencia legal en el país, de quienes ingresaron por esa vía. En su gran mayoría los beneficiarios de estos programas fueron venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
El estatus de libertad condicional protegía a los inmigrantes de la deportación y les otorgaba autorización de empleo por dos años.
El Departamento de Seguridad Nacional canceló CBP One tras el regreso de Trump a la presidencia y la convirtió en una aplicación de “autodeportación”, denominada CBP Home.
Los migrantes que usaron la aplicación CBP One, esperaban meses en México una cita para presentarse en un puerto de entrada estadounidense en la frontera sur. Después de la cita, generalmente se les otorgaba libertad condicional, con fechas de audiencias judiciales en ciudades de todo el país. Muchos recibían permisos de trabajo en cuestión de semanas y posteriormente solicitaban asilo, con la esperanza de obtener el derecho a permanecer en el país a largo plazo.
“Un callejón sin salida”
El efecto emocional en miles de migrantes que se encuentran en una situación similar es una “lluvia torrencial” de temores, dudas y angustia.
Una venezolana quien tiene programada una audiencia similar en la corte, quien prefirió mantener su identidad bajo anonimato, confiesa a El Diario que se encuentra en un callejón sin salida: “Si te opones a ir a la corte a tu cita, es peor, de igual forma te sale deportación. Lo que parece menos riesgoso es ir con un abogado. Pero ya muchos nos cansamos, de luchar por estar en un sitio, en donde no nos quieren. Todo es una operación psicológica, para que nos larguemos voluntariamente. Y está funcionando.
El dato:
11 personas, incluyendo familias con niños, han sido detenidas en la corte de migración de Manhattan en las últimas semanas, de acuerdo con algunas fuentes no oficiales.
