Solo 32 de los 238 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo habían sido condenados por algún delito en territorio estadounidense
Una investigación conjunta reveló que el gobierno del presidente Donald Trump sabía que la mayoría de los 238 migrantes que deportó a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no tenía antecedentes penales ni habían sido condenados por delitos violentos en Estados Unidos.
Aun así, fueron trasladados bajo acusaciones de terrorismo, según un análisis de datos del Departamento de Seguridad Nacional publicado este viernes.
El informe, elaborado por ProPublica y The Texas Tribune junto a los medios venezolanos Cazadores de Fake News y Alianza Rebelde Investiga, muestra que solo 32 de los 238 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo habían sido condenados por algún delito en territorio estadounidense.
La mayoría de estos delitos fueron menores y no violentos, como infracciones de tránsito o robos en tiendas.
Los hallazgos contradicen directamente las declaraciones públicas del entonces presidente Trump y de sus funcionarios, quienes justificaron estas expulsiones con base en presuntos vínculos con el grupo criminal transnacional conocido como el Tren de Aragua.
Violar las leyes migratorias, el “único delito” de los deportados
El gobierno incluso recurrió a una ley de 1789, la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, para ejecutar las deportaciones, argumentando que se trataba de personas peligrosas y vinculadas al terrorismo.
Sin embargo, los datos oficiales indican que solo seis de los deportados tenían antecedentes por delitos violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Además, más de la mitad de los 238 migrantes —exactamente 130— no tenía antecedentes penales ni cargos pendientes.
Su único “delito” fue haber violado las leyes migratorias estadounidenses.
Por otro lado, ProPublica y Texas Tribune hallaron evidencia de arrestos o condenas por delitos fuera de Estados Unidos en solo 20 casos. De esos, 11 involucraban delitos violentos como asesinato, robo a mano armada o asalto.
Uno de los migrantes está solicitado en extradición por Chile por presunto secuestro y tráfico de drogas, y otros cuatro habían sido acusados de portar armas ilegalmente.
Los periodistas también revisaron bases de datos de presuntos pandilleros elaboradas por fuerzas de seguridad venezolanas e Interpol, que incluyen unos 1,400 nombres. Ninguno de los 238 venezolanos deportados figuraba en esas listas.
El informe se suma a un estudio previo del Instituto Cato, que reveló que al menos 50 de estos venezolanos habían ingresado legalmente a Estados Unidos, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad y legitimidad de su encarcelamiento en El Salvador.
Actualmente, la Casa Blanca enfrenta varias demandas por deportaciones erróneas, entre ellas la del salvadoreño Kilmar Abrego García, cuya expulsión fue admitida como un error, aunque el gobierno se niega a repatriarlo.
La Corte Suprema suspendió temporalmente nuevas expulsiones a El Salvador mientras se resuelven estos litigios en instancias menores.
