La ley es considerada anticonstitucional, porque permitiría a las autoridades encarcelar a migrantes indocumentados y los que tengan presencia legal en el país
Una jueza federal aumentó la orden que bloquea la aplicación de una ley de Florida que convierte en delito grave la entrada al estado de migrantes indocumentados e incluso con presencia legal en el país. Mientras que el fiscal general solicitó a los tribunales permitan ejercer la ley que protege a los ciudadanos del estado.
El fallo contra la SB 4-C, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señala que la ley es probablemente inconstitucional, por lo que se concede una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal, informó EFE.
Arrestar personas que ingresaron al país sin papeles
La ley permitía el arresto y encarcelamiento de personas que hubieran ingresado al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito. Además, obligaba a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.
El 4 de abril, la jueza emitió una orden de restricción temporal de 14 días, poco después de que la Coalición de Inmigrantes de Florida y otros grupos con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), impugnaron la ley. Sostuvieron que esta ley no solo era cruel, sino que también violaba la ley federal y los derechos constitucionales básicos.
La jueza Williams extendió la orden otros 11 días después de enterarse de que la Patrulla de Caminos de Florida había arrestado a más de una decena de personas, incluyendo a un ciudadano estadounidense. Además, amplio el alcance de la protección legal, reportó AP.
El fiscal general solicita que se implemente la ley
El fiscal general de Florida, James Uthmeier solicitó a los tribunales federales que permitan a las autoridades implementar la ley para proteger a los ciudadanos del estado. Cuando la jueza emitió el primer fallo envió un memorando a las autoridades policiales estatales y locales indicándoles que se abstuvieran de hacer cumplir la ley, pero días después, envió otro memorando diciendo que la jueza estaba legalmente equivocada y que no podía impedir que los policías y otros agentes locales la implementaran.
El tribunal ordenó que los abogados del fiscal general de Florida, James Uthmeier, se presenten en mayo para explicar por qué no deberían ser sancionados por desacato.
“Victoria de los derechos humanos”
Por su lado, Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, celebró la decisión del tribunal, que falló la noche del martes.
“Esta es una victoria para los derechos humanos, para las familias inmigrantes, para la justicia, para el estado de derecho y para todos los que creen en la Constitución”, agregó.
Aunque el estado de Florida ya ha apelado la decisión, por el momento la ley no puede ser aplicada, lo que brinda un respiro temporal a miles de familias inmigrantes en todo el estado.
