La iniciativa fue impulsada por los diputados del exterior
Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados plantea la creación de un programa nacional que facilite el acceso al empleo formal para los dominicanos que han sido repatriados desde el exterior y establece una ruta de inserción laboral y económica, como parte de una política integral de apoyo a este grupo poblacional.
La iniciativa que crea el Programa Nacional de Atención Integral para los Dominicanos Repatriados desde el Exterior fue propuesta por los diputados Adelis Olivares, Kenia Bidó, Cirilo Moronta, Norberto Rodríguez, Julio César López, Edward Enrique Cruz, Angélica Novas y Amado Díaz, quienes representan a la diáspora.
El proyecto busca brindar a los repatriados algunas oportunidades concretas de capacitación y empleo, con acompañamiento estatal a través de instituciones como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Interior y Policía.
Uno de los componentes centrales de la propuesta es el acceso a la formación técnico-profesional para mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios. También contempla la inclusión de los repatriados en iniciativas de intermediación laboral, apoyo al emprendimiento y orientación para acceder al empleo formal en sus comunidades de origen o residencia.
El programa tendría una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ser renovado, y sería financiado con recursos del presupuesto nacional, así como mediante cooperación internacional y aportes privados.
Otras atenciones
Además del enfoque laboral, el proyecto plantea otros servicios complementarios como atención psicológica, orientación legal y seguimiento social, con el objetivo de favorecer la reinserción integral de los repatriados en la sociedad.
- La propuesta también contempla la creación de un registro de dominicanos repatriados, la elaboración de un expediente social para cada beneficiario y la coordinación de políticas públicas "que eviten la marginación o exclusión de este grupo poblacional".
El proyecto recuerda, dentro de sus argumentos, que la República Dominicana ha sido históricamente un país de emigrantes y que muchos de sus ciudadanos terminan en situaciones irregulares en el extranjero por causas diversas, incluyendo limitaciones sociales, económicas y falta de información.
La iniciativa destaca que, al ser deportados, muchos enfrentan rechazo, marginación, falta de documentación y la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Además, señala que estas personas "no deben ser discriminadas ni excluidas, sino vistas como ciudadanos dominicanos con derecho a una segunda oportunidad" y que es deber del Estado asegurarles condiciones de vida dignas cuando retornen al país.
