Presidenta de la Red Nacional de Jueces asegura que la mora judicial es un problema sistémico
Guillermina García Alcántara es una envejeciente de 80 años que ha demandado al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) para que le otorgue el título de propiedad de un inmueble en el que ha habitado por unos 30 años. Su proceso se inició en el 2019, pero lejos de concluir, su abogado Milton Prenza cree que le deparan al menos cuatro años más de litigio.
Una historia similar tiene Dionicio Almánzar Acevedo, quien ha accionado una demanda en justiprecio contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección General de Catastro Nacional porque asegura que no ha percibido la indemnización correspondiente por unos terrenos de su propiedad que el Estado declaró de utilidad pública hace más de 20 años.
Su abogada, que prefirió que su nombre no sea revelado, estima que, a pesar de llevar más de dos años dirimiendo el conflicto en los tribunales, desafortunadamente no creen que finalicen el proceso hasta antes del 2031.
Por diversas razones, los servicios judiciales en la República Dominicana se enfrentan al histórico problema de la mora judicial, una situación que obliga a las cortes a trabajar a toda capacidad con un cúmulo de expedientes que no se agotan.
"Cuando uno viene a los tribunales se tropieza con que los jueces, por falta de personal y hasta de materiales gastables, se encuentran con un cúmulo de trabajo y no pueden fallar los expedientes", expresó Prenza.
Aspira a que, en un futuro, los legisladores contemplen algunas medidas. "Porque en los tribunales, con todas estas medidas de intrusión, se dilatan totalmente los procesos sin menoscabo del debido proceso de ley, de plazos razonables y de la garantía mínima que le asiste a cada uno de los representados para una defensa digna", dijo la representante legal de Almánzar Acevedo.
Un día en la corte
A las 9:20 de la mañana del pasado viernes, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) inició su jornada de labores con la encomiable tarea de conocer 27 casos en un día.
Los casos de Guillermina y Dionicio fueron parte de la carrera de expedientes que tuvieron que decidir en ese día los magistrados Úrsula Carrasco, Willys de Jesús y María Calderón.
El salón de audiencias se encontraba repleto de juristas que se sumergían entre papeles o teléfonos mientras esperaban su turno de participación para subir al estrado y defender a sus clientes.
En los primeros 15 minutos de sesión, de cuatro solicitudes dos fueron suspendidas y dos aplazadas a petición de las partes, un trabajo que marcó el paso de la agenda durante toda la mañana.
Como si estuvieran dictadas por una alarma, las palabras de la togada Carrasco se escuchaban cada cinco minutos cuando aproximadamente ya se tenía un veredicto y se le pedía al ministerial que llame al próximo rol de audiencia.
A las 10:21, alrededor de una hora después de iniciada la sesión, 16 procesos ya habían sido aplazados o suspendidos.
Mientras avanzaban las decisiones, la sala se iba vaciando, al tiempo que los casos en conocimiento se tornaban cada vez más complejos o requerían de mayor oralidad. Lo que en principio se resolvía rápidamente, empezó a requerir más atención de todas las partes.
Durante la audiencia era notorio ver diferentes rostros subir al estrado, algunos de ellos tan poco preparados, que explicaban al tribunal que solo estaban ahí para cubrir a un colega o no eran los titulares del caso.
De 10:24 a 11:58 de la mañana, la corte conoció ocho casos antes de llamar a un merecido receso para los magistrados que ya habían ponderado unos 24 expedientes.
Tras cerca de 30 minutos, los togados reanudaron la audiencia para conocer los últimos tres casos del día. A las 12:50 de la tarde se emite el último aplazamiento y con expresión de alivio la jueza Carrasco concluye la jornada de audiencias: "¡Buen fin de semana para todos!".
Razones de la mora y prácticas dilatorias
De acuerdo con Yokaurys Morales Castillo, presidenta de la Red Nacional de Jueces, el volumen de casos recibidos el pasado viernes en la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue "poco" para lo que se conoce regularmente en una sala de ese tipo.
Morales, quien es jueza de la Tercera Sala de la Corte Civil y Comercial del Distrito Nacional, informó a Diario Libre que el pasado lunes conoció 40 casos. En las cortes administrativas y civiles se llevan procesos que requieren menos oralidad, por lo que es habitual observar este volumen de expedientes, a diferencia del derecho penal.
Según la togada, la mora judicial es un problema sistémico y perjudica a los usuarios del servicio de justicia.
"La mora judicial afecta la imagen del Poder Judicial y el servicio oportuno que se debe dar a la ciudadanía. Cuando no se responde al ciudadano, aunque reciba justicia, si es tardía, es como si no fuera justicia", dijo.
Morales agregó que, por diversas razones, los abogados también contribuyen a la dilación de los casos solicitando aplazamientos por causas prevenibles.
"Piden aplazamientos porque no han estudiado el expediente, porque no han notificado a todas las partes del proceso, porque les falta un documento cuando pudieron conseguirlo con tiempo", aseguró.
